Page 164 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
(MMA, 2016). Sin embargo y a pesar de estos antecedentes, la biodiversidad de nuestras áreas silvestres se
encuentra fuertemente amenazada. El informe que elaboró la OCDE sobre el desempeño ambiental de Chile
indicó que nuestro país utiliza sus recursos naturales a una tasa mayor de la que es capaz de renovar, lo que se
traduce en el índice de Huella Ecológica de 2,6 ha/hab, siendo que el valor límite es de 1,9 ha/hab. Esto ubica a
Chile dentro de las 50 naciones menos sostenibles del planeta (OCDE/CEPAL, 2005).
Por lo tanto, existe un desconocimiento real de la importancia que tienen los servcios ecosistémicos al bienestar
de las personas y su implicancia en el desarrollo sostenible. Es probable que la causa -dentro de la lógica del
mercado- esté dada por la ausencia de un valor comercial debido al carácter no exclusionista que tienen el aire,
agua y suelo limpios, el control de la erosión, el control climático y los bosques, ya que ellos están diponibles
para todas las personas sin que esté limitada su disponibilidad para el uso de una segunda. Sin embargo, al no
contar con una expresión explícita de su escasez o su valor económico no se tiene un valor referencial que
permita comprender la necesidad de protección.
Esta razón ha inspirado a los estados a desarrollar modelos de evaluación que permitan estimar el costo beneficio
de mantener áreas protegidas para la conservación del patrimonio natural, por esto, valorar económicamente
los bienes y servicios que los ecosistemas de las áreas protegidas del país proveen cada año es un ejercicio
relevante de realizar para contar con información que le permita al país tomar decisiones adecuadas respecto de
qué y cuánto conservar, incluyendo Chile (MMA, 2016).
Producto de lo anterior, el año 2010 se desarrolló en nuestro país el segundo estudio de valoración de las áreas
protegidas. Este estudio se basó en la evaluación de 22 bienes (Tabla 25) y reveló que el monto total de aporte
anual en valor económico de las áreas protegidas es de US$ 2.050 millones (Tabla 24) versus el aporte anual para
su mantención que bordea los US$ 50 millones (Figueroa, 2010).
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