Page 13 - Diagnóstico ambiental estratégico para un desarrollo sostenible
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CAPÍTULO I
             Introducción




            1.  Introducción



                Durante casi catorce años, el país no contó con una Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).  Esto
            generó  ausencia  de  espacios  públicos,  de  áreas  verdes  de  calidad,  congestión  vial,  escasez  de  suelo  para
            proyectos  de  todo  tipo,  un  grave  debilitamiento  de  la  vida  de  barrio,  pérdida  de  los  valores  paisajísticos  y

            naturales, como aquellos aspectos culturales y patrimoniales  que distinguen a las ciudades de nuestro país

            (MINVU, 2012).

                Lo anterior no sólo ha afectado a quienes habitan las urbes sino que ha reflejado de forma dramática la

            inexistencia  de  herramientas  suficientes  que  permitan  asegurar  un  desarrollo  sostenible,  de  manera  de
            considerar de forma real los efectos que ejerce el desarrollo urbano sobre sus habitantes y el territorio, lo cual

            es reconocido por el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2014) en su Política Nacional de Desarrollo
            Urbano (PNDU).


                Cabe  destacar  que  lo  anterior  no  ha  sido  exclusiva  responsabilidad  de  la  ausencia  de  una  política  de
            planificación urbana, sino también, del carácter que estas medidas tuvieron en el pasado y que se instauraron

            durante la dictadura militar.

                En 1979 se promulgó la primera política que liberalizó el suelo, lo que terminó con el rol desarrollista del

            Estado. Lo anterior provocó cambios en los límites urbanos y las zonificaciones en ausencia de una planificación.
            De esta manera, la ciudad incorporó suelo rural sin que existiera un plan urbanizador, generando todo un proceso

            especulativo del suelo, por lo tanto, el proceso de urbanización comenzó a estar regido por las políticas del
            mercado y la rentabilidad que se le asociara, y la vivienda ya no era considerada como un derecho, sino un bien,

            y el Estado cambió de un rol planificador a subsidiario (Barthel, 2011).

                  Esto generó dos graves consecuencias ambientales; el riesgo para la salud de la población producto de la

            ocupación y/o manejo inadecuado de las áreas expuestas a eventos naturales catastróficos o de origen antrópico,
            y efectos negativos significativos sobre los recursos naturales y muchas áreas protegidas.
















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