La pandemia planetaria instalada en Chile desde de marzo de 2020 nos mantiene atrapados en un enorme paréntesis. Un “antes” cada vez más lejano y un “después», cuya factibilidad nadie logra precisar. El futuro incierto dificulta observar el presente y en él, un hecho: la situación sanitaria impuso la sobreutilización de plásticos, tanto por protección como al distribuir todo tipo de productos. Nace una nueva forma de sobrecarga ambiental, entre cuyos efectos visibles en cualquier calle del país y el planeta, están las mascarillas tiradas en las aceras.
Por Salvador Donghi, director de Simbiosis Bioconsultora.
Hoy, entre mil urgencias, la situación que mencionamos es invisible.
Pero cuando el Covid 19 sea un mal recuerdo, o un presente bajo control, la urgencia por reactivar la economía inducirá predecibles concesiones a las industrias contaminantes. Y lo avanzado en términos de reducir emisiones tóxicas al paralizar la producción y el consumo en el mundo retrocederá, como ya ocurrió, por ejemplo, en la crisis económica del 2008. La Unión Europea disminuyó entonces un 1,3% su emisión de contaminantes. En 2010, tras la recuperación, dichas emisiones volvieron a niveles de toxicidad iguales a los años previos a esa crisis. Y a la próxima crisis avanzamos ahora, con una nueva presión ambiental irresuelta.
En Chile tenemos avances. El 18 de mayo el Senado aprobó la Ley de Plásticos de un Solo Uso. Dicha legislación prohíbe a restaurantes y otros servicios de comida usar vasos, tazas, cubiertos y otros no reutilizables, propios del expendio de comida preparada. E impone la incorporación de plástico reciclado en la producción de botellas de ese material, junto con fomentar el uso de envases retornables. Utilizar los productos prohibidos se sancionará con multas de entre 1 y 5 UTM por cada artículo de un solo uso entregado a los consumidores. La Ley establece procesos sucesivos conducentes a prescindir en tres años de los productos proscritos, mediante multas a los proveedores, educación a los consumidores y certificación integrada a la producción de plásticos.
Según Ministerio del Medio Ambiente locales como restaurantes, bares, cafeterías o el delivery generan anualmente el desecho de más de 23.000 toneladas de plástico de un solo uso. La nueva Ley, junto a la de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), apuntan al desarrollo sostenible y constituyen importantes logros de los movimientos ecologistas.
El punto -en mi opinión- es que ambas leyes se sustentan en un principio: “el que contamina, paga”. Perspectiva tan eficaz en el corto plazo como insuficiente en el tiempo. Se legisla para remediar daños severos que no vimos oportunamente, nos demoramos décadas en causar y habrá que ver cuánto tiempo toma revertir.
La sobreutilización de plástico derivada de la pandemia generará obligaciones no previstas por ningún Estado: desarrollar planes de gestión y manejo para recuperar, revalorizar y reciclar estos residuos.
La pandemia instala prioridades nuevas, preguntas que no nos habíamos formulado colectivamente y aprendizajes por integrar. Co-habitamos el planeta con seres y formas de vida no humanos, cuya protección y susbsistencia son imprescindibles para nuestra sobrevivencia. Multar al que daña su entorno es un paso hacia el cambio en la conciencia colectiva.
La comunicación persuasiva y la educación ciudadana tienen mucho por aportar a los cambios culturales y de conducta imprescindibles para detectar a tiempo y contener los efectos de la pandemia en nuestro hábitat.
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