El biólogo Salvador Donghi (51) está más comprometido que nunca con un antiguo romance, anterior a sus dos matrimonios y sus cinco hijos. En 1984 viajó desde la capital para estudiar en la Universidad Católica de Valparaíso. Se enamoró de la ciudad y nunca más volvió a su natal Santiago, ni a Estados Unidos o España, donde cursó posgrados en gestión medioambiental. En todos los lugares anduvo de paso porque, dice, «soy un hijo adoptivo muy agradecido del puerto».

Fuente: La Segunda

Dos temas lo trajeron a la capital esta semana: avanzar en el Plan de Manejo del Humedal de Tunquén, declarado oficialmente santuario de la naturaleza en enero pasado, y la determinación de hacer presente sus observaciones a la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, instancia establecida por la Ley del Medio Ambiente del 2010. Nadie pidió su opinión sobre el proyecto en que hoy trabajan las autoridades ambientales, pero Donghi organiza argumentos y agenda reuniones para hacerse escuchar sobre los asuntos que lo apasionan. Tras cinco años como líder o parte de las causas y conflictos ecológicos de la Quinta Región, al combativo biólogo tuvieron que asumirlo las autoridades como interlocutor inevitable.

Detesta la imagen de hippies ingenuos y diletantes que, dice, caricaturiza a los ambientalistas.

«Es una forma de ningunearnos, así desconocen los aportes de quienes vemos el medio ambiente con una mirada estratégica, que ayuda a romper la distancia entre los que miden el éxito de la economía a partir de cifras abstractas y quienes valoramos el desarrollo priorizando la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad en el tiempo de la relación entre las actividades productivas, la protección ambiental de los territorios en que se realizan y las comunidades que allí viven».

Limache: tomates vs. cementerios

Donghi trabajaba en las empresas Ariztía la primera vez que una comunidad organizada buscó, por consejo de sus abogados, la ayuda de un biólogo especializado en gestión ambiental. «Era un grupo de pequeños agricultores, dedicados al cultivo de tomates en Limache. Inversionistas privados compraron allí un terreno y, considerando el fácil acceso por su proximidad a la carretera, decidieron instalar un cementerio parque», cuenta.

—¿Por qué la comunidad rechazó ese proyecto?

—Sabían que se trataba de terrenos con alta impermeabilidad, lo que hacía presumir que en años muy lluviosos, el cementerio se inundaría y los aceites y otros derivados del proceso de descomposición de los cadáveres contaminarían napas subterráneas que nutren el riego. Hay experiencias en los cementerios de Villa Alemana y Punta Arenas, emplazados en terrenos inadecuados y que terminaron afectando a los agricultores.

—¿Son competentes los funcionarios que evalúan proyectos de este tipo?

—El mayor problema no radica en la competencia de los técnicos y profesionales que informan a la autoridad comunal, sino en un sistema que recarga presupuestos municipales que deben atender, entre otros servicios de alto costo, salud y educación comunitarias. Las comunas son pequeños países con ingresos insuficientes para las múltiples tareas que les delega el Estado, que aporta apenas el 0,12% del PIB a sus presupuestos. Eso pone a los alcaldes en posición de vulnerabilidad frente a inversionistas que, por tributos y patentes, suman recursos imprescindibles para atender a sus comunidades.

El experto afirma que la mayoría de las municipalidades no disponen de ordenanzas ambientales, pese a que la ley las faculta para ello en función de Planes de Desarrollo Comunitario. Esta carencia —afirma el biólogo— induce una relación asimétrica entre los capitales públicos o privados y las comunidades en que instalan sus operaciones.

Cambio de giro

El proyecto del cementerio fue detenido en Limache y se multiplicaron las llamadas de abogados y comunidades afectadas por proyectos en los cuales perciben vulnerados sus derechos ambientales. Donghi descubrió una actividad que lo apasiona y hoy trabaja como consultor independiente en la región, además de participar en organizaciones ciudadanas enfocadas a la defensa del patrimonio urbano de Valparaíso.

Enconado adversario del proyecto Mall Barón, paralizado por la justicia a partir de demandas que, entre otros, patrocina Donghi, el biólogo destaca que distintas organizaciones ciudadanas porteñas solicitaron al Comité Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), instancia de asesoría técnica de Unesco, conocer diversas situaciones que afectan urbanísticamente al puerto.

Una drástica resolución aprobada por Icomos en noviembre pasado, en respuesta a este requerimiento, expone a Valparaíso a perder la protección internacional que adquirió el 2003, al ser declarada ciudad Patrimonio de la Humanidad, a menos que redefina su gestión urbana.

«Si esto finalmente ocurre —señala Donghi—, tendría impacto en áreas como el turismo. Y asumiremos ante la comunidad internacional que buscamos el reconocimiento de la Unesco sin saber cómo alcanzar sus estándares en más de una década. A pesar de que recibimos cuantiosos fondos del BID que pudieron mejorar la calidad de vida de los porteños y valorizar nuestro patrimonio urbano, hoy está sumido en el abandono y el deterioro, amenazado además por proyectos inmobiliarios».

Riqueza y desarrollo

Dice que Chile carece de una política ambiental y el Ministerio del ramo «es como la reina de Inglaterra: reina, pero no gobierna». Limitado por las disposiciones del decreto que le da origen, es «un espacio de coordinación entre distintas secretarías de Estado en la evaluación de proyectos de inversión públicos o privados que usualmente se aprueban priorizando consideraciones economicistas».

Donghi afirma que el ministerio carece de autoridad para definir políticas públicas a largo plazo; así como también de financiamiento y funcionarios suficientes para ejercer una labor fiscalizadora eficaz. «El resultado —sostiene— es deterioro y pérdida de recursos naturales a lo largo del país; decisiones en desmedro de las comunidades y conflictos que hacen recaer sobre los ciudadanos todos los costos materiales y humanos de revertir proyectos, como el mineral Pelambres».

Según el biólogo, la preocupación por el medio ambiente está en el centro de las políticas públicas de los países desarrollados porque «no hay nada más pragmático que proteger recursos escasos. Y las formas de producción y consumo que caracterizan nuestro tiempo hacen que el agua, el aire, la tierra y los ecosistemas sanos constituyan los privilegios que harán la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo antes que termine este siglo».

Ciencia y desarrollo: una relación truncada en Chile

«En Chile la relación entre el mundo científico y académico y las necesidades que genera el desarrollo productivo está completamente truncada. Un ejemplo: tras el derrame de petróleo ocurrido el 2014 en Quintero, responsabilidad que asumió ENAP, esta empresa no buscó en las universidades locales modo de remediar el daño medioambiental ocasionado. De haberlo hecho, sabrían que el profesor Michael Seeger dirige el Laboratorio de Biorremediación de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuyo objeto de estudio son situaciones como la acontecida en la bahía de Quintero y que ha desarrollado tecnologías para abordar estos temas. En lugar de buscar tecnología local, ENAP optó por pagar a los pescadores para que ellos limpiaran, buscando compensar las pérdidas de ingresos causadas al contaminar las aguas de la bahía. Resolvieron así el problema de los afectados a muy corto plazo pues, como el petróleo es más pesado que el agua, la mancha se fue al fondo marino, contaminando los recursos pelágicos —dicho en simple, peces y mariscos— en un sistema que permanece dañado, afectando tanto la actividad turística como extractiva que sustenta a esa comunidad».

Los ambientalistas —dice— no son románticos empeñados en proteger la naturaleza ignorando la productividad y la competencia.